VICENTE MULEIRO. De la Redacción de Clarín

A LA PESCA. La riqueza del mar, antes ignorada, se transformó en fuente de divisas y de prácticas bajo sospecha. MAS INFORMACION El bombardeo a la riqueza marina

Esta es una película sin buenos. Su inicio podría ubicarse hacia 1992 en oficinas de Bruselas, ciudad sede de la Unión Europea, y en otras de Buenos Aires, sede del gobierno argentino. Los escenarios se multiplicarán después por la plataforma marítima. Su punto dramático más alto es el saqueo del Mar Argentino con su principal recurso, la merluza, en agonía por la sistemática violación de los cupos de captura y las prácticas depredatorias en alta mar. Sus actores: empresarios pesqueros de uno y otro lado del Atlántico y funcionarios menemistas del área que ampliaron las compuertas de un añejo descontrol. Su tiempo, por excelencia, el período que va de 1994 a 1999.uenos no hay. Lo que sí hay es un agujero en los cardúmenes generado por un festival de permisos de pesca que movieron cifras millonarias y cuya legalidad se investiga. El circuito de las habilitaciones para pesca implica a jueces, generalmente de Mar del Plata, empresarios y funcionarios de primer nivel, como los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) de la era menemista (Felipe Solá -durante siete años-, Marcelo Regúnaga, Gumersindo Alonso y Ricardo Novo), sus subordinados en el área de Pesca y los funcionarios de menor nivel. La depredación se facilitaba porque además de la inflación de permisos, es decir, de la cantidad de barcos que pescaban, los controles sobre los cupos y las especies que podía pescar cada barco eran de una histórica y sospechosa ineficiencia. Seis denuncias, tres cursadas por las nuevas autoridades de Agricultura, cuyo secretario es Antonio Berhongaray, al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra; otras dos radicadas ante la Justicia marplatense por empresarios que se consideran perjudicados y una de la ONG Cedepesca, también presentada a la Procuración, describen las irregularidades. De ellas se deducen los desmadres de mar adentro y las fabulosas ganancias de tiburones de tierra firme en perjuicio de un recurso renovable que ya no lo será tanto y de un hábitat ecológico ahora desquiciado.

El mar es un espacio de libertad. El pescador, artesanal o tecnificado, tiene cultura de caza: sale a arrear con todo lo que encuentra y sirva para su negocio. Y aquí, mientras se cantaban las odas a los ganados y las mieses, al mar se lo miraba en las vacaciones. Aún hasta hace dos décadas el volumen de riqueza pesquera excedía la capacidad de explotarla, ninguna especie estaba en peligro ni era declarada no excedentaria (es decir que no tiene excedentes y ya no se la puede pescar sin límites). Por entonces era como si el mar dijera "pasen y sírvanse", un llamado celebrado por las empresas locales y extranjeras. Pero ya en 1988 y en 1991 hubo advertencias de la autoridad científica, el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), de que la merluza comenzaba a menguar. No sólo nadie escuchó sino que, a partir de 1994, con el acuerdo firmado con la Unión Europea (UE), la pesca pega un salto brutal. Y mortal.

La débil protección que tenía la pesca ya había sido lastimada por el decreto 2265 del presidente Carlos Menem que autorizó la transferencia de permisos de pesca, un mecanismo similar al del taxista que le vende a otro su licencia de trabajo. Pero el acuerdo con la UE lo agravó todo. Ese convenio se firmó el 6 de mayo de 1994, con una vigencia de cinco años renovable por dos más. Ante el desastre pesquero fue denunciado y dejó de regir el año pasado.

Según el acuerdo, los pesqueros de la UE quedaban habilitados a asociarse con similares argentinos. Debían cumplir estas condiciones: podían reemplazar buques argentinos por europeos tecnológicamente más modernos, pero con igual capacidad de captura; seguían prohibidos, como lo estaban desde 1991, el otorgamiento de nuevos permisos merluceros, pero se podían transferir los que estaban vigentes. En la cesión de permisos no podían intervenir los buques inactivos ni los que hubiesen pertenecido a empresas en quiebra. Y el empresario pesquero argentino que cedía su permiso no podía salir a pescar.

La UE estaba expresamente interesada en sacarse de encima buena parte de su flota, también con sus recursos comprometidos y las ONG mirando de cerca. Por eso colocó en la operación unos 130 millones de dólares en subsidios, 32 de los cuales fueron al Estado (resentida, la UE quedó debiendo ocho millones cuando se denunció el acuerdo). Los otros cien circularon en las operaciones para asociarse con los argentinos. Y allí comenzó el verdadero festival de permisos que profundizó la sobrepesca. A pesar de los límites que ponía el convenio, los barcos activos cedían sus permisos, pero conseguían otros a través de remates de empresas en quiebra, bajo amparo de jueces civiles y comerciales de Mar del Plata. Los armadores mixtos (sociedades temporarias entre empresarios argentinos y europeos) cubrían la capacidad ociosa de sus bodegas con la obtención de permisos de barcos de firmas en quiebra o por duplicación ilegal de permisos. También se vendieron permisos caducos, según denuncias de Cedepesca.

Con todos estos mecanismos se conformó una suerte mercado flotante de permisos que tenía esta trayectoria: un empresario requería, por ejemplo, la habilitación de un permiso de una empresa quebrada o de un barco inactivo; el juez dictaba una medida de no innovar, de modo que el permiso volvía a ser válido. El pedido se trasladaba a Agricultura, que estaba obligada a firmar la transferencia, dicen que para no desobedecer la orden judicial.

Algunos armadores que no ingresaron en el negocio con los europeos y la ONG Cedepesca acusan a Agricultura de no apelar en tiempo y forma. Felipe Solá, que capitaneó la secretaría en la mayor parte de la era menemista, se defiende: "No teníamos un departamento legal propio. Teníamos que enviarlas al del Ministerio de Economía. Cuando llegaban, el plazo estaba vencido. Estas demoras en las apelaciones son un hecho común en la administración pública". Tanto las autoridades menemistas como las actuales del área dicen que el festival de permisos parte de una ingeniería judicial diseñada por los abogados de las empresas pesqueras. En las denuncias que ya se concretaron lo que se busca saber es sí ese mercado de transferencias de licencias es una argucia legal pensada como un crimen perfecto contra el que no se va a poder accionar o, si se puede, comprobar la ilegalidad. Domingo Contessi, apoderado de las pesqueras Leal y Veraz, denunció en una carta a la opinión pública que los obstáculos para obtener permisos "no eran gratuitos. Tenían un precio, pero como nuestras empresas por una cuestión de principios nunca estuvieron de acuerdo con pagarle a nadie que no otorgara recibo, se nos cerraron sistemáticamente las puertas". En las órdenes judiciales los precios de las transferencias podían ser irrisorios, pero según Cedepesca, se pagaba otro bajo cuerda. Versiones que nadie quiere confirmar hablan de un canon que iba de 150 mil a 600 mil dólares según el valor de la pesca a transferir.

Además, entre las violaciones al acuerdo se verificaron estas prácticas: los barcos no fueron reemplazados por otros de igual capacidad de captura, sino por unidades considerablemente mayores, por ejemplo la captura de 25 buques reemplazados era de 63 mil toneladas en 1993 mientras que las reconocidas a los barcos europeos entrantes fue de 121,5 toneladas. Además, muchos de los buques que cedían su licencia igual salían a pescar.

¿Qué pasaba mientras estaba en danza esta cadena? ¿Quién protestaba? Pues no pasaba nada o casi nada y protestaban muy pocos, apenas los dueños de buques que no conseguían ni entrar en el negocio ni salir a pescar por falta de permisos. Y no pasaba casi nada porque todo parecía estar bien: los pescadores argentinos se asociaban con europeos que les pagaban, los europeos pescaban por aquí lo que no les dejaban pescar por allá, la exportación crecía y hasta esos barcos anaranjados, de rada, el sector proletario de la industria, no tenía impedimentos para hacer lo suyo. Sólo el INIDEP anunciaba año a año que la conducta voraz con la merluza merecía atención. La luz de alarma se encendió de pronto y como para siempre: no había más merluza y todo lo que había sido eficacia, crecimiento y divisas se convirtió en su contrario porque empezó a escasear el pescado más popular, el que más le interesa a España, el que se consume en el débil mercado interno, el que más importa y se exporta. Cuando las ONG, los pesqueros perjudicados, los trabajadores que viven de la pesca y su escasamente desarrollada industria protestaron, ya era tarde para todo. Hoy el INIDEP calcula que aun cerrando la pesca de merluza todo el año no se garantiza un normal desarrollo de la especie en los dos años siguientes.

Pero los empresarios extranjeros no serán víctimas, para ellos el gran negocio ya está hecho en los peores términos para el recurso. Porque hubo mucho más que sobreabundancia de transferencias de permisos de pesca. Hubo, mar adentro, una práctica depredatoria concretada por una nueva generación de barcos con una brutal capacidad de pesca que salteaban los cupos que se les adjudicaban. En el año 1998 la captura máxima permitida fue de 289.500 toneladas, pero se pescaron 458.556 toneladas, un 58 por ciento más según las cifras oficiales. La ganancia de pescadores en el mar revuelto de la Justicia y el descontrol estatal no se detenía en nada. Además de la escasa fama de los pescadores en general, los que venían de Europa, sobre todo los españoles, no exhibían virtudes.

La mala praxis incluyó una técnica indebida de descartes. El descarte consiste en desechar al mar aquello que no sirve para el comercio, como los ejemplares de merluza jóvenes cuya captura y comercializa ción están expresamente prohibidas. Otra costumbre depredadora fue la de cargar la bodega con merluza y desocuparla porque se encuentra langostino. El langostino tiene un valor cinco veces superior al de la merluza. El descarte de los pescados no sólo compromete a la especie descartada, también hace desastres en la cadena ecológica.

Pero el mar no hubiera sido tan desaforadamente pródigo de haber estado bajo la debida vigilancia. Héctor Salamanco, que fue director de Pesca con Solá, asume que en la Argentina "los controles son terriblemente débiles". Desde Agricultura se intentó perfeccionarlos con la creación de una inspectoría de alta mar integrada por ex prefectos, ex marinos y, sobre todo, personal del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Pero, dijo Solá :"Tuvimos muchos problemas. Los sedaban, les pasaban películas pornográficas, muchos denunciaron amenazas. Otras veces los pescadores los denunciaban por borrachos para sacárselos de encima". Como suele suceder, no consta que los hayan coimeado en la inmensidad del mar y conviviendo entre 20 y 60 días con la tripulación, "pero hubo muchos que nunca vieron una sola irregularidad -agrega Solá-, dieciocho fueron descartados".

La inspectoría que creó Solá fue desarmada con el ingreso de Gumersindo Alonso a Agricultura, un hombre ligado al gobernador peronista de Córdoba, José Manuel de la Sota. Alonso puso en Pesca a Eduardo Auguste, un ex presidente de CAPECA, la Cámara que agrupa a los empresarios con barcos congeladores de altura. Ernesto Godelman, de Cedepesca, lo acusa a Auguste de valerse de su cargo para recaudar en favor de la campaña electoral del gobernador cordobés: "De la Sota se agarró del charteo", dice.

El charteo es el sistema con el que se captura el calamar, consiste en un "prestanombre" de una pesquera local para que barcos extranjeros (generalmente del sudeste asiático) los capturen y se los lleven sin más. El método abre la posibilidad de manejos oscuros, ¿por qué se elige una empresa y no otra? El nuevo gobierno impuso el sistema de licitaciones. Guillermo Jacob, conocido como "el rey del calamar", define que "la licitación es más transparente".

El senador y ex ministro del Interior Carlos Corach fue, hasta ejercer la función pública, abogado de CAPECA. Dos responsables de Pesca durante la gestión de Solá, Edgardo Murguía (en 1991) y Eduardo Pucci, son de su conocimiento. Más aún Murguía pasó luego a ser coordinador de Interior cuando él fue ministro y a Pucci, hijo de un marino, lo conocía porque también era abogado de CAPECA ya desde la última dictadura. Pero Corach aclara: "Yo no tengo nada que ver con la pesca desde el 89. Si a partir de esa época me hubiera llegado algún proyecto relacionado con la pesca, lo habría girado al área correspondiente. En mi estudio se siguieron atendiendo los casos hasta que se terminaron. Pero nunca se trabajó ni con permisos ni con políticas pesqueras, sólo asuntos jurídicos".

Solá, tras quejarse de que "acá el único que hace un acto de contrición soy yo", dice: "La pesca, hasta 1997 fue manejada con el criterio del crecimiento. Toda la economía apuntaba a la competitividad y el eje eran los propios empresarios. Había que ayudarlos a exportar, a renovar la flota. Pero en el 95-96 me encuentro con el problema de la sobrepesca y, entre varios errores, cometí el mayor: no denunciar la situación porque no tenía ley de pesca y no podía parar ningún barco ni a toda la pesca porque generaba un caos social. No tuve la visión de que ése era el momento de cambiarlo todo".

Dos de las tres denuncias presentadas por Agricultura mencionan a funcionarios de la última etapa menemista, el ya mencionado Auguste (de quien Solá dijo "es como meter al zorro en el gallinero") y su reemplazante, Jorge Casal. Piden que los investiguen por resoluciones que contribuyeron a empeorar la situación.

Carlos Garrido, director de Investigaciones de la Oficina de Anticorrupción, dice que Solá y los funcionarios de Pesca deben ser investigados porque hay que saber dos cosas: "Si quienes disponían el permiso lo hacían legítimamente y si Argentina violó la Convención Internacional de Derecho del Mar -a la que adhiere- y que dispone que los permisos de pesca deben otorgarse a los países en desarrollo". Anticorrupción basa sus pesquisas en las denuncias concretadas en Mar del Plata ante el juez federal Rubén Vázquez.

Dejar la pesca

Según los empresarios, el gobierno de la Alianza se acercó al tema con un notable desconocimiento previo. Como interventor en el área de Pesca, Berhongaray nombró al ex intendente de Bahía Blanca Juan Carlos Cabirón, quien en verdad aspiraba a asumir en Migraciones. El nuevo gobierno se encontró con un pelotón de funcionarios que participaron en el concurrido baile de expedientes bajo sospecha. De algunos de ellos ya se desprendieron pero Cabirón les confesó a sus íntimos que quiere dejar Pesca cuanto antes.

El jefe de gabinete de Agricultura, Ferrari Echeverry, declarará mañana ante el fiscal Carlos Stornelli por las denuncias elevadas a la Procuración. Pero la última determinación de la Secretaría , el jueves 6, fue la de una veda total a la pesca de la merluza por quince días y un tope de apenas 35 mil toneladas de captura todo el año. Si se tiene en cuenta que se llegaron a pescar casi 600 mil toneladas en 1996, se podrá tener una dimensión exacta del problema. En Mar del Plata y en otras ciudades de la costa, como Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, hablar de veda es hablar de la peste y la crisis social asoma enseguida. Alfredo Pott, dueño de una empresa familiar, Santa Elena, que fabrica productos congelados como kani kama para la exportación propone: "Seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, que tiene las mismas especies que la Argentina. Ellos cuotificaron la pesca -le dan una porción del total a pescar a cada empresario que cumple ciertas pautas-. Pero para que los argentinos aprovechen el recurso y exporten con valor agregado hay que reconvertir la industria local en lugar de rifarles el pescado a los extranjeros".

Investigación de Eduardo De Miguel, Pilar Ferreyra y Guillermo Villarreal (Agencia Mar del Plata)

CLARIN  Suplemento Zona

El bombardeo a la riqueza marina